La presunción de inocencia en la revocatoria de la suspensión condicional de la pena por nueva instrucción

Resumen

En el Ecuador, muchas personas beneficiarias de la suspensión condicional de la pena pierden este beneficio penitenciario debido a una deficiente redacción normativa que vulnera el principio de presunción de inocencia. Esta situación se presenta cuando las medidas otorgadas son revocadas únicamente por el hecho de que el beneficiario figure como sujeto procesal en un nuevo proceso penal. La presente investigación tuvo como objetivo determinar si la revocar la suspensión condicional de la pena, motivada por la existencia de una nueva instrucción penal, constituye una vulneración al principio de presunción de inocencia. El estudio adoptó un enfoque cualitativo, empleando un diseño de investigación no experimental. Se recurrió al análisis de artículos provenientes de bases de datos científicas, fuentes bibliográficas y una sólida fundamentación teórica. A nivel descriptivo, se aplicaron los métodos inductivo-deductivo para transitar de conocimientos generales a específicos, el método comparado para contrastar la normativa ecuatoriana con legislaciones de otros países, y el método dogmático-jurídico para analizar diversas acepciones doctrinarias y jurídicas relacionadas con el problema. Entre los principales hallazgos, se evidenció que, aunque la Corte Nacional de Justicia ha respaldado la redacción actual del artículo 631, numeral 10, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el derecho comparado y los planteamientos dogmáticos sugieren que dicha disposición vulnera el principio de presunción de inocencia. Esto se debe a que la revocación de la SCP se produce sin un pronunciamiento de culpabilidad, basándose únicamente en la existencia de una nueva instrucción penal. En conclusión, el estudio plantea la necesidad de reformar el numeral 10 del artículo 631 del COIP, ya que su redacción vigente atenta contra el estado de inocencia de las personas beneficiarias de este beneficio penitenciario. Una reforma adecuada contribuiría a garantizar el respeto al principio de presunción de inocencia y la protección de derechos fundamentales.