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Abstract
This research examines the capacity of Alternative Dispute Resolution Mechanisms (ADRMs) in the administrative sphere to function as tools for social inclusion in Mexico and Peru, and determines whether they possess the institutional, regulatory, and cultural conditions necessary to guarantee effective judicial protection for the most vulnerable groups. A comparative documentary analysis is conducted of the current regulatory frameworks, selected for their shared legal tradition, their contexts of inequality, and their connection to the standards of the inter-American human rights system. The results show that, despite progress in the formal institutionalization of ADR, structural flaws persist: a legalistic regulatory design that confines ADR to matters involving less asymmetry between citizens and the state, fragmented implementation, the absence of a deeply rooted culture of mediation, and resistance among public officials to using these mechanisms for fear of liability. The article concludes that overcoming these limitations requires concrete regulatory reforms: incorporating liability exemption clauses for those who participate in mediation, expanding the substantive scope of MASCs to cover relationships involving greater citizen-State asymmetry, and creating differentiated support mechanisms for vulnerable groups.
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