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Resumen
Esta investigación aborda la capacidad de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) en sede administrativa para operar como herramientas de inclusión social en México y Perú, e identifica si cuentan con las condiciones institucionales, normativas y culturales necesarias para garantizar tutela judicial efectiva a los grupos más vulnerables. Se desarrolla un análisis documental comparado de los marcos normativos vigentes, seleccionados por su tradición jurídica compartida, sus contextos de desigualdad y su conexión con los estándares del sistema interamericano de derechos humanos. Los resultados muestran que, pese a los avances en la institucionalización formal de los MASC, persisten fallas estructurales: un diseño normativo legalista que concentra los MASC en materias de menor asimetría ciudadano-Estado, una implementación fragmentada, la ausencia de una cultura de mediación arraigada y la resistencia de los servidores públicos a emplear estos mecanismos por temor a la responsabilidad. El artículo concluye que superar estas limitaciones exige reformas normativas concretas: incorporar cláusulas de exención de responsabilidad para quienes concilian, ampliar el alcance material de los MASC hacia relaciones de mayor asimetría ciudadano-Estado y crear mecanismos de atención diferenciada para los grupos vulnerables.
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